La empresa prestataria local accedió a un plan de pago a 6 años, con tasa preferencial y un año de gracia. El esquema garantiza sostenibilidad financiera, cerrando así una obligación acumulada por desajustes tarifarios previos.
La CELP concretó un acuerdo fundamental con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Este convenio fue suscripto oficialmente con la presencia del secretario de Energía de la Nación, autoridades de la comercializadora, y la Junta Ejecutiva de la CELP, integrada por el presidente Lucio Tezón, el secretario Cristian Roma y el tesorero Hugo Logullo. El mismo establece condiciones financieras preferenciales, representa un avance significativo en el saneamiento de las finanzas del concesionario municipal de la distribución eléctrica local.
El plan de pagos contempla un período de gracia de un año, luego de lo cual la deuda se distribuye en 72 cuotas mensuales fijas, con una tasa de interés preferencial menor a la que pervive actualmente CAMMESA en sus obligaciones corrientes
Esta solución se enmarca dentro del Régimen Especial de Regularización del Mercado Eléctrico, instrumento creado para resolver las obligaciones acumuladas por las distribuidoras de energía en todo el territorio nacional. El acuerdo corona un proceso de reordenamiento financiero que la institución local viene implementando de manera sostenida.
El presidente de CELP afirmó que “este acuerdo marca un hito histórico para nuestra institución: el ordenamiento económico que hemos estado buscando desde que asumimos la conducción de la entidad, y el compromiso de los usuarios, quienes, como socios, son la base fundamental de la Cooperativa. Han sido elementos clave en este acuerdo que nos permite cerrar un asunto pendiente de larga data, que proviene del atraso tarifario de los gobiernos anteriores”.
El cooperativista añadió que “este ordenamiento se complementa con el pago actual. Nos brinda la oportunidad de seguir trabajando diariamente en la mejora continua de nuestros servicios y de explorar nuevos horizontes que optimicen la calidad y la propuesta para nuestros asociados”.
Antecedentes de la cuestión
El servicio público de distribución de energía eléctrica ha atravesado en las últimas décadas recurrentes crisis de financiamiento, fruto de la combinación de un prolongado congelamiento tarifario, el incremento de las cargas fiscales y parafiscales, y la falta de actualización adecuada del Valor Agregado de Distribución (VAD). En este marco, el Estado Nacional ha acudido a sucesivos esquemas de regularización de deuda entre las distribuidoras y CAMMESA, que pretendieron conjugar el recupero de las acreencias del mercado eléctrico mayorista con el sostenimiento de la prestación del servicio.
Entre dichos antecedentes pueden citarse, en tiempos recientes:
- El régimen previsto por el artículo 87 de la Ley N° 27.591 (Presupuesto 2021): que habilitó la celebración de acuerdos de regularización y normalización de deudas entre las distribuidoras y CAMMESA, con el objeto de resolver las acreencias acumuladas hasta el 30 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia declarada por el Decreto 311/2020. Este régimen incluía la posibilidad de quitas parciales y planes de pago extendidos, sujetos al cumplimiento de pautas de inversión y de aplicación de los fondos a la prestación del servicio.
- El régimen dispuesto por el Decreto N° 89/2023, reglamentario del artículo 89 de la Ley N° 27.701 (Presupuesto 2023): que estableció un nuevo plan de regularización para las deudas devengadas entre marzo de 2020 y febrero de 2023, incorporando un plazo más extendido para la cancelación y condiciones financieras relativamente más benignas, como resultado de la experiencia obtenida en el proceso anterior.
En ambos casos, los acuerdos alcanzados contemplaban la participación de las provincias, las cuales asumieron compromisos complementarios, principalmente en lo referente al sostenimiento de tarifas adecuadas o la implementación de mecanismos de compensación fiscal. Sin embargo, en la práctica, la Provincia de Buenos Aires —entre otras jurisdicciones— no cumplió cabalmente con tales compromisos, lo que contribuyó a agravar el desfinanciamiento de las distribuidoras y a comprometer la ejecución de los planes de pagos convenidos.
El convenio al que se ha arribad, recoge las lecciones de estas experiencias previas y procura establecer un marco más preciso, aunque exigente, que asegure el recupero de las acreencias de CAMMESA y la continuidad del servicio, dentro de un esquema uniforme y no susceptible de modificaciones unilaterales por parte de las distribuidoras.